CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la solicitud que planteó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para someter a consulta popular si se juzga a cinco exmandatarios por casos de corrupción.
Durante la sesión de este jueves, seis ministros votaron en contra del proyecto de resolución de Luis María Aguilar Morales, quien había declarado inconstitucional la materia de consulta que envió López Obrador. Por lo tanto, avalaron el ejercicio planteado por el jefe del Ejecutivo. Se necesitaban al menos seis de los once votos posibles para aprobar la constitucionalidad de la consulta popular.
El ministro presidente Arturo Zaldívar, quien votó en contra del proyecto de Morales y declaró constitucional la consulta popular propuesta por López Obrador, argumentó que es deber de la Suprema Corte, maximizar el derecho de la ciudadanía a este medio participativo “de gran alcance”, incluyendo a personas que usualmente son excluidas del debate.
Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez también votó a favor de la solicitud del jefe del Ejecutivo, aunque sugirió reformular la pregunta formulada por López Obrador para enjuiciar a sus antecesores. En este aspecto coincidió Alberto Pérez Dayán, quien tildó de “inquisitoria” la interrogante formulada, aunque dijo que la consulta popular era “válida constitucionalmente”. En tanto, los ministros Javier Laynez y Norma Piña se posicionaron por la inconstitucionalidad de la materia de consulta del presidente mexicano.
López Obrador argumentó que el ejercicio de consulta popular en esta materia representa “un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder” y, es a su vez, “un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales”.
Aunque el mandatario declaró que él votaría por no someter a proceso judicial a los expresidentes, aseguró en el texto que respetaría el fallo del ejercicio de consulta ciudadana. Según López Obrador, la consulta popular podría ayudar a romper con los “acuerdos tácitos de protección entre los presidentes salientes y los entrantes, y con aparatos de procuración de justicia puestos al servicio de los propios gobernantes”.